Protección del derecho a la participación política de los raizales
Por: Sonia Diazgrana... el Jue, 09/30/2021 - 14:27.
Foto: www.radionacional.co
Como un hito histórico fue considerado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ampara los derechos democráticos a los habitantes de la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La decisión obliga a cambiar de la lengua castellana a la creole, la pedagogía y material electoral que se entrega a esta zona del país, para que puedan sufragar de manera consciente y responsable, pues al desconocer el idioma, se incurría en que el voto no fuera consciente. y responsable.
El logro se dio tras una lucha jurídica desde el 2019, de la Veeduría Cívica Old Providence, con el acompañamiento legal del Grupo de Acciones Públicas (GAP) del Rosario, presentando una acción de tutela, sin embargo, ni el juez de primera instancia ni el Tribunal de segunda instancia, ampararon los derechos del pueblo raizal.
El caso llegó a la Corte Constitucional, que en su momento consideró que la acción era improcedente al no haber contiendas electorales cercanas. No obstante, se elaboró una nueva acción de tutela, a propósito de las elecciones que se llevarán a cabo en el 2022 para elegir al Congreso y al Presidente de la República.
Finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo histórico, decidió amparar los derechos a la igualdad, la participación política, la identidad cultural y el derecho a la oficialidad de lenguas y dialectos a esta comunidad.
¿Qué dice el fallo del Tribunal?
“En la actualidad, el pueblo raizal se ve obligado a aprender el idioma castellano, el cual es ajeno a sus raíces, tradiciones y ancestros; sin embargo, el mismo se ha convertido en una exigencia para poder ejercer sus derechos políticos”.
“El Estado debe adoptar medidas afirmativas para cumplir con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que establece que se debe garantizar la participación material y efectiva de la población colombiana, en las decisiones que inciden en su vida política, económica, social y cultural”.
Así, la Registraduría deberá expedir material bilingüe electoral (en castellano y creole), durante los comicios electorales que de ahora en adelante se celebren en el país; y el Ministerio del Interior deberá conformar una comisión técnica para desarrollar programas pedagógicos de participación política de la mano con el pueblo raizal.
Anamaría Sánchez, supervisora y asesora externa en Derechos Humanos del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, explicó en LAUD 90.4 FM ESTÉREO la importancia que tiene el fallo.
