Criminales mandan en la zona del Catatumbo

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Foto: Colprensa/Archivo /caracol.com.co

Reconfiguración del crimen, crecimiento desbordado de los cultivos de hoja de coca y la presencia del Clan del Golfo en el área rural de Cúcuta, son factores que han llevado a un desbordamiento de la violencia.

Son 13 estructuras armadas ilegales que se concentran en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y a largo de la frontera con Venezuela, ocasionando homicidios, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Según señaló en LAUD 90.4 FM ESTÉREO Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, defensora de los Derechos Humanos,  “desde el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, nuevos actores armados hacen presencia en el departamento: Disidencias de las FARC, ELN, EPL y paramilitares, se han reconfigurado en esta zona en torno al narcotráfico, donde según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, hay una producción de 40 mil hectáreas de hoja de coca”.

Explicó el líder social que el Clan del Golfo o también denominados Autodefensas Gaitanistas, iniciaron un proceso de expansión desde finales del 2020 y una guerra contra el ELN que trata de dominar la frontera. “Esa guerrilla ha tomado la decisión, desde hace algunos años, y es la de ser hegemónicos en la frontera con Venezuela y ha declarado la guerra contra otras estructuras paramilitares que existen”.

Igualmente, los carteles transnacionales del narcotráfico de Jalisco, nueva generación y el de Sinaloa, hacen parte de los grupos criminales que operan en esta zona. “Son grandes compradores de alrededor de 200 mil kilos de coca que se producen por cosecha en el departamento.

Exceso de presencia de Fuerza Pública

No es que el Estado no haga presencia, según Cañizares, sí lo hace y de una manera desbordada. En este momento hay 14 mil hombres de la Fuerza Pública, que pueden llegar a ser 20 mil, “pero qué se saca con eso si ellos no tienen ningún control… estas son fórmulas fracasadas”.

En cuanto a las autoridades locales, el defensor de Derechos Humanos indicó que en esa parte del país reina la ley del silencio, el que hable con policías o militares ya está sentenciado por ese solo hecho. “La autoridad local está acorralada, tampoco tiene estrategias para proteger a la comunidad, existe un clima de terror para controlar el territorio y a la sociedad civil”.

“La tendencia es que esto se agravará”

“La situación está muy mal y va a empeorar”, en estos últimos 8 meses 6.500 personas han sido desplazadas, en los últimos 20 meses 22 líderes sociales han sido asesinados, 6 masacres, 120 desaparecidos en el último año. “la tendencia es que esto se va a gravar, acá no sabemos qué hacer, hemos enviado una carta a la comunidad internacional para que nos ayude… La solución puede ser escuchar a la comunidad y sentarse a dialogar con los grupos al margen de la ley”, puntualizó Wilfredo Cañizares.

Escuche la entrevista aquí: 

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