Comparendo ambiental para infractores de aseo, limpieza y recolección de escombros

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Foto: desechos.net

La nueva ley 1466 del 2011 establece el comparendo como instrumento de cultura ciudadana, mediante sanciones pedagógicas y económicas. 

El Gobierno Nacional instauró en todo el país la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.El mecanismo quedó consagrado en la Ley 1466 del 2011, que fue sancionada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

El objetivo es crear e implementar el Comparando Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas que infrinjan la normatividad.

Para ello, los concejos distritales y municipales tienen que aprobar en el plazo máximo de un año la reglamentación del Comparendo, a través de un acuerdo municipal. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán ofrecer un acompañamiento técnico a los municipios de su jurisdicción en el diseño, implementación y operación del comparendo

Además, las Alcaldías y los Concejos tendrán la responsabilidad de organizar la actividad del reciclaje, incentivar la cultura de separación en la fuente y estimular a la sociedad a entender y proteger la actividad del reciclaje y la recuperación ambiental.

En ese sentido, las administraciones locales y los cabildos deben incentivar la asociatividad y la formalización dentro de la población de recuperadores ambientales, así como hacer expresos esfuerzos en la protección de esta población, quienes tendrán que hacer la recolección de los residuos en forma organizada y limpia.

En la Ley queda claro que el propósito del Gobierno es aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social y la recuperación ambiental a las personas que trabajan en la actividad del reciclaje, excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y garantizando plenamente el derecho al trabajo.

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