En pro de una mejor educación superior

Por: Frank Molano, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Al establecer una correlación entre el Plan nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, proyecto de reforma de la Educación Superior y Ley de Primer empleo y Formalización, encontramos que se trata de la instauración de un nuevo régimen de saber que socava la función formativa de la universidad, uno de cuyos logros desde América Latina ha sido posibilitar a los estudiantes y maestros relacionarse crítica, creativa y autónomamente con el conocimiento científico, el arte, la filosofía, la política y la praxis social.

La Universidad Pública vive un tiempo de guerra cultural y militar, cuyo objetivo, sin más es refuncionalizar este espacio en función de los monopolios y reducir el saber a capital humano, produciendo subjetividad dócil y maleable para toda forma de subordinación, transvistiendo la universidad en shopping de la innovación capitalista.

Las guerras culturales con que el capitalismo imperialista está reinventando la universidad pública, buscan imponer a amplias capas de la población, a través del sistema universitario y los intelectuales, unas determinadas matrices de sentimiento y cognición acordes a la etapa actual de acumulación capitalista en las que los megamonopolios imperialistas subordinan aún más los estados y mercantilizan de manera profunda y expansiva todas las esferas de la vida sobre el planeta, y en la que se espera un comportamiento ciudadano y uso determinados esquemas de acción y pensamiento, acordes a tales exigencias.

Toda guerra cultural impone sobre los vencidos un nuevo régimen de saber y verdad, como lo advirtió sabiamente Walter Benjamin, mientras los poderosos nos gobiernen, no dejaran de vencer.

El campo de batalla en que fue transformada la Universidad, se hizo con el incremento los mecanismos de criminalización de los sujetos universitarios y su despolitización o repolitización derechista. La criminalización descansó en las doctrinas de contrainsurgencia, que consideran que las diversas formas de oposición y crítica al orden imperante son “virus” ajenos a la universidad. La disidencia cultural y cognitiva fue entendida como infiltración externa, que debía ser extirpada a cualquier precio.

Esto llevó a generalizar la idea que el espacio universitario es un campo enemigo que hace inviable todo proyecto de modernización y mejora social, por esto se legitimó el violento proceso de profilaxis y depuración ideológica con que se justificó la persecución, judicialización y represión contra innumerables maestros, estudiantes y trabajadores universitarios, e incluso el que como en el caso de la Universidad de Antioquia, se acepte el cerco militar permanente que no se levantará hasta disciplinar completamente el cuerpos social universitario.

Simultáneamente a la criminalización, se produjo el desmonte de los elementos críticos construidos en la universidad pública. Esto se logró con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público, colonizando los espacios críticos y culturales con los seminarios de “relaciones humanas”, “técnicas exitistas” y sobre todo de la tecnocrática y estéril dinámica de la acreditación.

Todo esto bajo el lacónico argumento que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.

El gran consenso en que se soporta el nuevo régimen de verdad es que la educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos. Las áreas claves que le reclama el modelo económico son: biodiversidad y los recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. También áreas donde se están produciendo grandes transformaciones tecnológicas, como telecomunicaciones, metalmecánica y electrónica.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como la propuesta de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior, hacen parte del ciclo de reformas de última generación que se imponen a escala global, las cuales están promoviendo una nueva división internacional del trabajo universitario requerida para esta fase de hiperconcentración monopólica del capital.

Así que se establece que la producción de conocimientos de punta y la preparación de los cuadros científicos y dirigentes de alto nivel queda a cargo de los sistemas de educación superior de centro Europa y Estados Unidos, dejando un nivel intermedio de científicos y decodificadores del conocimiento de punta en las economías capitalistas de segundo orden y emergentes, mientras que en las fronteras del “Tercer Mundo”, donde se encuentras los nichos de riqueza estratégica (recursos naturales, paraísos turísticos, enclaves manufactureros y nuevos segmentos de población para el consumo de servicios), se le asigna como tarea del sistema de educación superior el lugar de traducción y consumo de los saberes expertos, la producción masiva de sus cuadros técnicos y profesionales de nivel medio y la masificación de trabajadores flexibles, precarizados y con dosis básicas de capital humano.

La teoría del capital humano, con que orientan las políticas educativas globales y nacionales, fue propuesta por el premio Nobel de Economía Theodore W. Shultz en 1960, este ideólogo de la economía capitalista norteamericana sostenía que en una economía de mercado, en la que los individuos compiten entre sí por obtener mejores condiciones, la educación es invertida como una inversión en el futuro, debido a que esta impactan la productividad del individuo en el trabajo, aumentando sus ingresos salariales.

Como sistema ideológico, quienes agencian políticas educativas en esta perspectiva, sostienen que los sistemas educativos deben transformarse en función de garantizar a los futuros trabajadores la corporización de habilidades y conocimientos útiles, excluyendo de los currículos aquellos componentes que no garantizan capital humano, por ejemplo las humanidades, la filosofía, el arte, entre otros.

Lo que significa para la Universidad, entendida como mediadora crítica de la utilización del conocimiento, una redefinición neoliberal. El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, que orienta la propuesta de reforma a la Ley 30, asigna a los actores del mercado, los capitalistas monopólicos, la tarea de garantizar la inversión necesaria para el crecimiento, mientras el Estado se compromete a ser el garante de tales iniciativas, retirando las restricciones al flujo internacional de capitales, dando seguridad jurídica y militar a las inversiones y fortaleciendo un sistema educativo pertinente a las demandas empresariales. Para el crecimiento se plantea que los inversionistas cuentan con la plena seguridad para aprovechar las ventajas comparativas de la economía colombiana, y tales ventajas están compuestas por materias primas de talla mundial, en las que despuntan la minería, el petróleo y la biodiversidad, seguidas de agroindustria e infraestructura, en síntesis un modelo reprimarizador extractivo, que entre otras cosas no requiere de grandes inversiones en la cualificación de cuadros y mandos técnico – científicos, sino un ejército de técnicos y tecnólogos flexibles en este modelo de crecimiento.

De ahí que el régimen de saber propone una nueva redefinición de la categoría de educación, considerada como “el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad… (Ya que mejorando el vínculo entre educación y trabajo, convierte a los ciudadanos)… en miembros productivos de la comunidad”. (DNP, 2011: 80 -81).

Esta reducción de la idea de educación a capacitación, hace recaer en la cantidad de capital humano, competencias laborales y destrezas personales disponibles en los cuerpos de los futuros empleados, las posibilidades de inclusión social y ciudadana, a la vez que desmonta la responsabilidad social del Estado y del modelo económico neocolonial extractivista en la superación de las inequidades estructurales.

Diversificación y flexibilización de la oferta educativa, sin cuestionar el lugar asignado en la división internacional del trabajo educativo, expandiendo con ayuda del capital privado y con el estímulo de obtener lucro y ganancia, las opciones de estudio, diferenciación de planes y programas, ampliación de las trayectorias educativas, modalidades de estudio flexible en grados diversos de tiempo y espacio, pero como lo establece el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, reduciendo el horizonte formativo a la trasmisión de competencias para el trabajo en función de las “5 locomotoras”. Esto busca generar modos de autocoacción y presión de la institución y del profesorado para sacar provecho a las funciones lucrativas implicadas en esta más estrecha supeditación al mercado, desestimulando relacionamientos académicos, culturales y políticos que pongan en riesgo la tasa de ganancia.

El gobierno de Santos está buscando condiciones para incluir en la competencia, en el mercado, las instituciones educativas internacionales, sobre el supuesto de que la competencia en el mercado es el mejor garante de la calidad. No obstante se le asigna como tarea al Estado, velar por la eficiencia del mercado, estableciendo estándares y pruebas de calidad a los competidores, pasando a una fase del Estado, el Estado evaluador.

El estado evaluador establece parámetros de medida homogéneos, necesarios para garantizar las exigencias del mercado, por esa razón en el actual PND se insiste en hacer una equivalencia entre evaluación y sus resultados y la calidad. En ese sentido se explican decisiones como la imposición obligatoria de las pruebas Saber-Pro de carácter estandarizado y que no tienen en cuenta atributos de orden cultural, regional y social en los sujetos de la educación colombiana.

A su vez la propuesta de Reforma centra en un concepto de calidad como sinónimo de los resultados en las evaluación y en los procesos de acreditación, pero contempla, en nombre de la transparencia y la equidad, convocar un ente acreditador privado, que transfiera, regule y califique a partir de su experticia en procesos de calidad, asociados como hecho natural, al sector privado.

Podríamos seguir enumerando un conjunto de argumentos que justifican sobradamente las razones del inconformismo y la movilización universitaria, de hecho, numerosos colegas en todo el país estamos generando análisis, reflexiones, polémicas, importantes y necesarias, pero además se trata de asumir posición y expresarla.

En consecuencia, propongo a la comunidad docente de la Universidad Distrital, votar el PARO DOCENTE y sumarnos a las mesas de trabajo triestamentario institucional, regional y nacional que se han establecido. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la existencia de la

Universidad Pública. Hacerle paro al paro, es decir el ausentismo docente, la no participación en las jornadas de discusión y movilización son de por si cuestionables, pero resulta aún más cavernario, tomar partido por el régimen, persiguiendo y acosando estudiantes, desestimulando y oponiéndose a los acuerdos de las asambleas establecidas.