El 75,5% de los municipios colombianos son rurales, PNUD propone reforma rural

El Informe sorprende con un gran hallazgo académico. Según el inédito índice de ruralidad (IR) desagregado por municipio, el país es más rural de lo que se creía: el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005) y cubren el 94,4% del territorio. Reconocer la ruralidad que aquí se plantea, es el primer paso cambiar la forma como se planea, ejecuta y evalúa la gestión de los gobiernos, tanto del nacional como de los territoriales. 

Según concluye el informe titulado ‘Colombia Rural, Razones para la Esperanza`, es imperante para el país si se quiere  insertar plenamente en el mundo globalizado, modernizar su economía, y  eso solo será posible a través de una reforma rural transformadora  que requiere concertar los esfuerzos del gobierno, la sociedad y la comunidad internacional para rectificar el modelo de desarrollo rural y  vincularlo umbilicalmente al de las ciudades.

Según Bruno Moro, Representante Residente del PNUD en Colombia, la reforma rural transformadora es una invitación a “hacer de lo rural un eje fundamental del desarrollo del país, con equidad, inclusión y democracia, es decir, con una renovada apuesta por el desarrollo humano”.

Para Moro, es relevante que el Informe se concentre en “algunos factores estructurales que pudieron facilitar la expansión y degradación el conflicto y en sus efectos sobre el tejido social y la gente, antes que en la dinámica o la lógica de los actores armados”.

La reforma rural transformadora busca además rectificar el error histórico de haber creído que Colombia podía modernizarse prescindiendo del sector rural y de sus pobladores e ignorando los vínculos crecientes y dinámicos entre los conglomerados urbanos y las zonas rurales, en parte porque prosperó la imagen de país de ciudades, creada por la  apuesta urbanizadora como ruta hacia el desarrollo. Se plantea también  para deshacer los impactos nefastos del bloqueo a la reforma agraria de la década de 1960, su sustitución por subsidios a pequeños propietarios para facilitarles el acceso a un mercado imperfecto de tierras, el abandono de los programas de desarrollo rural y la prelación dada a la gran economía,  en detrimento de la campesina. Ya que  se estigmatizó y desconoció el rol político y social de los pobladores rurales más vulnerados.

Según concluye en informe, mientras el Estado concentraba esfuerzos para recuperar militarmente vastos territorios rurales y consolidar su presencia y la gobernabilidad, se desvanecía buena parte de la institucionalidad que atendía al sector agropecuario, mientras ganaban peso y capacidad decisoria agentes privados nacionales e internacionales y se rendía culto a las fuerzas del mercado. Por eso la reforma  incluye el rediseño de la institucionalidad que atiende a la sociedad y al complejo sector rural de hoy.

El llamado del Informe es a tratar en forma diferente lo que, en efecto, es diferente. Eso exige decisiones políticas, diálogos con actores, políticas públicas y estrategias diferenciales, que apunten eso sí al objetivo común de construir la paz.