Crisis ambiental en la Amazonia

Aunque la crisis viene dándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde el Acuerdo de Paz, sin embargo, la crisis ambiental y la seguridad de los defensores ambientales está en peligro, por esta razón el informe: "Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra defensores ambientales en la Amazonía colombiana", da recomendaciones para que no se siga presentando este panorama.

Este informe es realizado por la Fundación Ideas para la Paz - FIP y Adelphi, gracias a una iniciativa de WWF, la Fundación para la Conservatión y el Desarrollo sostenible - FCDS, Sociedad zoológica de Franfurt - FZF, Colombia, Amazon Conservation Team - ACT, Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial amazonia de Parque Nacionales Naturales de Colombia.

De acuerdo al estudio, el incremento del acaparamiento de recursos y actividades económicas ilegales como los cultivos ilícitos y el narcotráfico, ganadería y agricultura, impulsaron la degradación ambiental y la deforestación y a su vez, aumentó la violencia.

De acuerdo con las cifras del IDEAM, el 70% de la deforestación en el país se concentra en la Amazonia y sigue en aumento: de 98.256 hectáreas en 2019 a 109.302 hectáreas en 2020.

En el más reciente informe de Global Witness, en 2020 y por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, con 65 asesinatos. Así mismo, las comunidades indígenas de la Amazonia colombiana se han visto afectadas por esta situación, lo cual los ha llevado a perder sus tierras y medios de sustento, siendo además, objeto de afectaciones a los Derechos Humanos, violencia y desplazamiento.

El informe también presenta una radiografía de las zonas más afectadas por la apropiación de tierras, minería, infraestructura ilegal y cultivos ilícitos como los Parque Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua, Sierra de la Macarena, Reserva Indígena Nukak Makú, y los municipios de San José del Guaviare y Calamar.

Antes esto, se hacen una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, en 5 líneas de acción:

1.    Mejorar la protección de los defensores ambientales y las comunidades locales con la coordinación de acciones en las instancias locales departamentales nacionales e internacionales.

2.    Abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia,

3.    Fortalecer la implementación de las políticas ambientales y climáticas, teniendo en cuenta su dimensión de paz y conflicto

4.    Reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del ambiente

5.    Transformar las causas fundamentales de la crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo al cambio climático y los conflictos.