“Salimos de un conflicto armado para meternos en uno ambiental”
Por: Monica María Go... el Vie, 05/13/2016 - 15:22.
Foto: reservaensalento.com
Así lo expresó la personera de Salento Tatiana Herrera.
Con el fin de aclarar y poner en contexto los diferentes pronunciamientos que se han presentado en torno a la explotación minera, de hidrocarburos y no convencionales en el país, diferentes sectores sociales se han pronunciado al respecto.
El desacuerdo frente a los proyectos de explotación minera se sustentan en que algunas gobernaciones, alcaldías, personerías y organizaciones civiles poseen argumentos técnicos y científicos que demuestran que dichas iniciativas atentan contra el agua, la salud de los habitantes, el ambiente y la autonomía de desarrollo de cada territorio.
Según el comunicado emitido por la Agencia Nacional de Minería, hay solicitud explotación al municipio por nueve hectáreas, sin embargo la personera de Salento, Quindío, Tatiana Herrera, dijo que realidad es que en abril llegó otra petición por 3.177 hectáreas que involucran parte del Valle de Cocora, Filandia, además de 14 trámites que se encuentran pendientes.
La Personera, además afirmó en ‘Revista de la Mañana’ de LAUD 90.4 FM ESTÉREO, que en Salento el 98% del territorio tiene alguna declaratoria de protección ambiental, distrito regional de manejo integrado, zona de reserva forestal protectora, reserva forestal central, reservas naturales de la sociedad civil, Parques Naturales Nacionales y esto no solo se presenta en esta región sino en otros departamentos, lo cual pone en peligro a los territorios.
De otro lado, desde el Comité Proconsulta Popular de Ibagué, en representación de Alejandro García, se propone suspender las actividades mineras contaminantes lo que acarrearía una transformación en el destino de los suelos, afectación al líquido vital y alteración en el desempeño agrícola y turístico de la zona.
El llamado hecho por García es a hacer prevalecer el bien común sobre el particular de las empresas multinacionales, a través de la Consulta Popular de Ibagué, convocando a la sociedad civil al fortalecimiento de la democracia participativa, pacífica y transparente, que exige respeto por los derechos ciudadanos.
Cabe recordar que la Consulta Popular es un elemento de participación ciudadana mediante la cual se convoca a los pobladores para decidir sobre algún tema que afecte directamente a la población, según lo señalado en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, donde además establecen tiempos y trámites.
