Las ideas, a pesar de todo

En primer lugar, evidenció la gula burocrática del partido Conservador, su venalidad a la hora de impulsar las iniciativas fundamentales del gobierno de Álvaro Uribe y la corrupción agenciada por sus miembros en el nivel central del gobierno. En segundo lugar, puso de presente las diferencias existentes entre el presidente Santos y su antecesor la manera como entienden la democracia y la administración.

Lo primero no es nuevo. La corrupción es parte del sistema político colombiano y el uribista, pese a la retórica oficial, la potenció con un rediseño institucional que incentivó la deshonestidad. Muestra de ello fue el trámite del referendo reeleccionista o la sustitución de la colaboración cívica por las delaciones a cambio de recompensas. Lo segundo, en cambio, merece especial atención. Además de las cuotas burocráticas, la oposición a la reforma se libró desde la concepción misma del Estado. El presidente Santos, pragmático por excelencia, reveló en este proceso que, para él, las ideas importan.

Para asegurar su éxito inicial, Santos podría haber pasado de agache y dejar intacta la estructura heredada del periodo anterior, evitando así el distanciamiento con quien le precedió en la presidencia y el desgaste de una reforma administrativa que ocuparía la mitad de su periodo, máxime cuando esta no involucraba cambios de fondo en los postulados básicos del Estado, sino ajustes en los instrumentos necesarios para su buen funcionamiento.

Sin embargo, el Estado Comunitario, pilar fundamental del manifiesto uribista y materializado en la fusión de los ministerios, la promoción de la transparencia en la gestión y la austeridad en el gasto público, si bien disminuyó las plantas de personal de dichas entidades y generó un ahorro marginal en sus gastos de funcionamiento, también instauró un estilo de gobierno y administración caracterizado por la arbitrariedad, la centralización y la discrecionalidad, que rompió con el modelo republicano de pesos y contrapesos, y concentró las decisiones políticas en el nivel ejecutivo central, antes que delegarlas, como era lo proyectado, en la sociedad civil organizada.

En este escenario, parecería más ventajoso mantener el status quo que promover la contrarreforma. Sin embargo, el nuevo presidente optó por esta última para consolidar su ideal de gobierno, que desde los principios del Buen Gobierno o la Buena Gobernanza, requeriría de la adopción de reglas formales y procedimientos aceptados y normalizados que estructuraran las relaciones entre el Estado y la sociedad, partiendo de los principios de la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia, ausentes en las practicas gubernamentales y administrativas diseñadas e implementadas en la pasada administración.

Por sus volteretas, los críticos más ácidos de Juan Manuel Santos dudaron de su lealtad con el ex presidente Uribe. Y tenían razón. Éste no guardó fidelidad con los presupuestos ideológicos y administrativos del gobierno anterior porque su ethos y su proyecto político, materializados en la presente reforma y las demás contenidas en su ambiciosa agenda legislativa, se antepusieron, para sorpresa de muchos, a su pragmatismo habitual. Aunque no es tan extraño si nos atenemos a lo señalado por el actual presidente en 2003, cuando aseguró que “el desprecio por la teoría y por lo conceptual (…) es lo que nos hace proclives al mesianismo, a esa búsqueda del Salvador de turno”, papel en cual su mentor político, se desempeñaba a la perfección y se sentía tan a gusto.

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