120 asesinatos por ‘falsos positivos’ no quedarán en la impunidad

En la primera década del año 2000 se dieron a conocer casos de jóvenes extraviados donde sus familiares no volvían a saber de ellos. Años después varios aparecieron como miembros de la guerrilla que fueron “dados de baja” en combate con el Ejército Nacional, en sus territorios o, incluso, a kilómetros de sus lugares de origen. Con el ingrediente adicional de que no eran integrantes de grupos armados ilegales, ni mucho menos tuvieron un enfrentamiento. Fueron asesinados a sangre fría para que sus cuerpos hicieran parte de la lista que se presentaría oficialmente como los resultados de operaciones militares, así lo confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP. 

Han sido muchos los hechos, la JEP, con el propósito de esclarecer lo ocurrido tomó inicialmente los acontecimientos dados en el Catatumbo entre el año 2007 y 2008, que llevan como nombre ‘Subcaso Norte de Santander’, que hace parte del macro Caso 03 correspondiente a “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.

¿Qué hallaron?

Luego de escuchar los relatos de militares, terceros civiles y familiares en 41 versiones libres, recopilar 21 procesos adelantados en la justicia ordinaria (varios de ellos llevaban hasta 10 años) y 28 de la penal miliar, analizar ocho informes entregados por entidades estatales y organizaciones de víctimas,  contrastar y verificar la documentación oficial en 258 libros, entre otros acervos probatorios, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Ejército Nacional y a un tercero, por el asesinato de 120 personas en estado de indefensión que fueron dadas como “falsos positivos” y 24 desapariciones forzadas.

“Las víctimas asesinadas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi… se encontró que no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental… (Los casos) probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por “bajas” a “como diera lugar” y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos”, resalta la magistrada Catalina Díaz. Escuchar audio.

Así mismo hallaron que se brindaban incentivos para cumplir con el indicador como eran medallas, planes vacacionales, felicitaciones y permisos. De igual modo sentenciaron que se trata de un “Patrón macrocriminal… (Donde) todos los actos están interrelacionados y fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, dijo Diaz.

“Señalamos con énfasis que no fueron errores, sino que son crímenes internacionales y de lesa humanidad… hemos precisado que estamos en una primera fase de la investigación y seguiremos avanzando con mayor profundidad… hemos descrito con perfecto detalle como operó la planeación, ejecución y encubrimiento de estos hechos, con particular atención en las estrategias para garantizar la impunidad en la justicia ordinaria, hemos documentado acuerdos para destruir pruebas, falsear declaraciones y obstaculizar los procesos”, expresó el magistrado Óscar Javier Parra. Escuchar audio.

Los perfiles de las víctimas eran jóvenes y personas entre 25 y 35 años, muchos de ellos eran campesinos, desempleados, trabajadores informales, personas con alguna discapacidad o habitantes de calle, quienes fueron catalogados en la “lógica criminal” como si hicieran parte de una “limpieza social”. Las regiones de donde provenían eran Soacha (Cundinamarca), Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander) y el mismo Catatumbo. 

Imputados:

Son el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN. 

También antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña -CIOCA: el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares

¿Qué se viene?

Este es el primer Auto de seis más de ‘Determinación de Hechos y Conductas’ sobre el Caso 03, que se adelantará en otras regiones del país.  Para este en particular los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad de lo que se les acusa. De ser así en una Audiencia pública de Reconocimiento deberán rendir cuentas por sus actos y aportar a la verdad delante de las víctimas. Luego la Sala interpondrá una sanción, consultada con estás para que haya reparación. Se podrían tener restricciones a la libertad. De lo contrario, sino aceptan los cargos se enviará el caso la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para ser juzgados y su condena podría llegar hasta los 20 años de cárcel. Los 30 días también se les otorgará a las víctimas para que sienten su posición frente al Auto.

Ver el video completo de los hallazgos y la imputación, aquí: