A un mes del estallido social: entre el exterminio y la bio-tecno-resistencia juvenil

Aunque el gobierno nacional, un número importante de congresistas adscritos al establecimiento y medios de comunicación afines al uribismo se muestren sorprendidos por los hechos y repitan todos los días que detrás de este estallido hay vándalos, terroristas, políticos de oposición, disidencias de las Farc, personas afines al castrochavismo y hasta conspiradores rusos, lo cierto es que su incapacidad, indolencia y ambigüedad están profundizando el conflicto y contribuyen a que se fortalezca el movimiento desde abajo.

El 28 de mayo de 2021 se cumplieron 30 días de un estallido social sin precedentes en la historia reciente de Colombia. La inconformidad y la indignación, latentes en una franja amplia de la sociedad que está en la pobreza, que ha sido despreciada históricamente por élites que les han negado el derecho a la vida, la salud, la educación, la tierra y el trabajo, y que además ha observado impotente la profundización de esta situación durante más de un año de pandemia, lograron ser tramitadas por medio de un paro nacional que inició con el rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno nacional y que hoy se sostiene a partir de agendas locales, promovidas por comunidades barriales desde espacios de asambleas, así como formas diversas de resistencia a las políticas de exterminio ejercido por las fuerzas del orden. Aunque el gobierno nacional, un número importante de congresistas adscritos al establecimiento y medios de comunicación afines al uribismo se muestren sorprendidos por los hechos y repitan todos los días que detrás de este estallido hay vándalos, terroristas, políticos de oposición, disidencias de las Farc, personas afines al castrochavismo y hasta conspiradores rusos, lo cierto es que su incapacidad, indolencia y ambigüedad están profundizando el conflicto y contribuyen a que se fortalezca el movimiento desde abajo.

Con el fin de contribuir a hacer un balance sobre lo acontecido durante este tiempo, en este texto se analizarán cuatro asuntos medulares de este fenómeno socio-político y cultural. Por un lado, se abordarán los factores económicos y políticos que provocaron el estallido social, los cuales tienen como común denominador la profundización del dispositivo neoliberal en el gobierno de Iván Duque. Por otro lado, se analizará la respuesta criminal del gobierno y de las fuerzas del orden frente a las movilizaciones, la cual sobresale no solo por violar principios básicos de los derechos humanos sino por su pretensión de exterminio a la población juvenil. En tercer lugar, se presentará una aproximación a los jóvenes precarizados o al precariado juvenil, quienes han sido llevados al límite de la opresión y de la falta de oportunidades por parte del Estado. Por último, se realizará una aproximación a los procesos organizativos, liderados por los jóvenes, los cuales sobresalen por la bio y la tecno-resistencia, con el fin de comprender los alcances de este movimiento y estimar hasta dónde estos actores sociales están dispuestos a llegar con este estallido social.

En relación con el primer aspecto, es sabido que, desde finales de la década de 1980, la mayoría de países de la región asiste a la implementación de un conjunto de reformas económicas, políticas y sociales que buscan enriquecer a determinados sectores con el apoyo incondicional de élites nacionales que se benefician de estos negocios. Se trata de un mecanismo de concentración de capital por medio de políticas basadas en la apertura comercial, la liberalización del mercado, la privatización, la especulación financiera y las reformas al Estado, entre otras, que contribuyen al enriquecimiento de compañías transnacionales, banqueros, terratenientes y grandes empresarios, a costa del despojo, el empobrecimiento y el aniquilamiento de las poblaciones históricamente precarizadas. Este modelo, conocido como neoliberalismo, se fortalece en la medida que la clase política tradicional se mantenga en el poder y sea capaz de gestionar los conflictos armados, sociales y ambientales que se derivan de este esquema de enriquecimiento (Escobar, 2015). Por esta razón, el neoliberalismo es también un dispositivo de control social que articula estas medidas socio-económicas con estrategias biopolíticas, las cuales se caracterizan no solo por el ejercicio del poder sobre el territorio sino también sobre la vida de las personas. Se trata de un conjunto de estrategias orientadas hacia la administración de la vida de las personas, por medio de dispositivos de vigilancia, sistemas penales y micropenales y la regulación de la vida privada (Foucault, 2007).

Aunque, desde finales de la década de 1980, varios gobiernos en Colombia han contribuido al crecimiento de este modelo criminal, especialmente aquellos que convirtieron derechos básicos, como la salud, la educación y el bienestar social en negocios y mercancías, en el marco de la competitividad y la ley de la oferta y la demanda, fue el gobierno de Iván Duque el que llevó al límite este dispositivo de desigualdad y exclusión estructural. Como es sabido, además de oponerse a la implementación del Acuerpo de Paz y asumir un silencio cómplice frente al asesinato de líderes sociales y excombatientes, este gobierno garantizó exenciones tributarias por cerca de $20 billones a compañías transnacionales, terratenientes, bancos y grandes empresarios en la reforma tributaria de 2019, lo cual generó un hueco fiscal inmanejable, además del despilfarro de recursos en nuevas dependencias del Estado (como las nuevas altas consejerías), millonarias inversiones destinadas a la seguridad nacional y ciudadana y jugosos contratos para mejorar la imagen del gobierno. A esto se suma que, durante más de un año de pandemia, fueron otorgados onerosos subsidios a los dueños del gran capital y la tierra mientras que se les negó la renta básica a las familias de los estratos 1 y 2. Esto, junta a otras medidas, llevó a que los ciudadanos salieran a protestar a las calles, desafiando el virus, las medidas punitivas de los gobiernos locales y la violencia extrema de la fuerza policial.

En relación con el segundo aspecto de este análisis, se puede decir que, a medida que pasaron los días, el gobierno nacional combinó tres estrategias para atenuar el paro, las cuales transitaron de la biopolítica a la necropolítica y el juvenicidio. Por un lado, al estilo del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Iván Duque se dedicó a reprimir las movilizaciones, concentraciones, velatones y prácticas culturales de los manifestantes empleando no solo de artefactos bélicos aprobados para el manejo del orden público, sino a través de armas de fuego no permitidas para estas situaciones, entre ellas, pistolas, fusiles y ametralladoras, tal como se evidenció desde los primeros días, una vez se declaró la militarización de las ciudades. Por otro lado, apelando a la vieja estrategia del miedo a la población y empleando los medios de comunicación afines a este proyecto autoritario, se impuso la retórica del desabastecimiento de alimentos, el daño a la propiedad privada, el incremento de los precios de la canasta familiar y el bloqueo de vías, como amenaza a la ciudadanía, con el fin de deslegitimar el paro. En tercer lugar, el gobierno nacional declaró como vándalos y terroristas a los manifestantes, especialmente a los jóvenes y los indígenas, situación que los convirtió en objetivo militar y blanco no solo de la fuerza pública sino también de las fuerzas paramilitares afines al uribismo, los llamados “gente de bien”, quienes se mueven en varias ciudades en camionetas blindadas con armas de largo alcance, y quienes sin restricción alguna por parte de las autoridades, se toman el tiempo para elegir a sus víctimas, acribillarlos y producir terror. Vale señalar que esta estrategia se ensaña no solo sobre la vida de los jóvenes sino también contra los indígenas, a quienes se les exigió “volver a su hábitat natural”, luego de que fueran emboscados por civiles con el presunto apoyo de algunos policías en el barrio Ciudad Jardín de Cali.

Al respecto, es importante mencionar que estas estrategias se constituyen en un tránsito de la biopolítica a la necropolítica y el juvenicidio, pues implican una política de la muerte que rebasa la idea básica de controlar el orden público. A la fecha, de acuerdo con la ONG Temblores, se han producido 955 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1388 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 46 víctimas de agresiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego, 22 víctimas de violencia sexual y 5 víctimas de violencia de género. Asimismo, la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, luego de cruzar información con 26 organizaciones de derechos humanos, reportó que a la fecha hay 379 víctimas de desaparición en el marco de las movilizaciones. Como se ha señalado en otras columnas, estos datos evidencian que se trata de un modo de terrorismo de Estado, orientado por el gobierno nacional, el cual establece quiénes pueden vivir y quiénes deben morir, además de hacer parte de una estrategia que busca atenuar los efectos del estallido social e imponer el miedo para paralizar políticamente a unos y anestesiar a otros. Asimismo, es una forma de estigmatización y criminalización del joven inconforme, a quien se le puede disparar a quemarropa si es necesario, dada su presunta peligrosidad y potencial criminal, al decir del ministro de Defensa, Diego Molano, en su tenebrosa intervención ante el Congreso de la República el día que fue citado por una posible moción de censura.

En relación con el tercer aspecto de este análisis, es necesario mencionar que los jóvenes protagonistas de este estallido social, en su mayoría, son personas en situación de pobreza monetaria que no tienen un trabajo estable ni han tenido oportunidades de educación media y/o superior. Muchos, quienes viven del rebusque y la informalidad en condición de hijos, hermanos, nietos y hasta padres y madres de familia, han visto cómo su situación de precariedad se ha profundizado durante los casi tres años del gobierno de Iván Duque. Por otro lado, están los estudiantes que cursan educación media, técnica y/o superior, tanto en instituciones públicas como privadas. Algunos de ellos y ellas, quienes provienen de las universidades públicas, están plenamente convencidos de hacer esta lucha dado el riesgo de privatización de la educación pública, así como la necesidad de conquistar la gratuidad en las matrículas no solo en este momento de emergencia sino de manera permanente. Por su parte, muchos, quienes se encuentran en las universidades privadas, entienden que la educación superior no puede ser un negocio y que es cuestionable éticamente que, tanto ellos como sus familias, deban endeudarse con el Icetex y los bancos para poder estudiar. Otro grupo importante lo conforman los jóvenes organizados en colectivos y parches barriales, quienes generalmente realizan procesos estético-educativo-culturales, alrededor de la danza, el arte popular, el género, la diferencia sexual, el cuidado del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el voluntariado, el deporte y los barristas, entre otros.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos (2021), los jóvenes tienen una gran desconfianza frente a las instituciones, así: 91% no confía en la Presidencia de Colombia, 87% no confía en la Policía Nacional, 81% no confía en la Gobernación Departamental, 79% no confía en la Alcaldía Municipal y 73% no confía en las Fuerzas Militares. Por otro lado, consideran que los principales problemas del país son: falta de empleo (74%), pobreza (53%), corrupción (48%), falta de acceso a la salud (45%), desigualdad (43%) y falta de acceso a la educación superior (41%). En relación con los hechos del paro, señalan que las emociones que han experimentado con mayor frecuencia son: tristeza (33%), ira (27%), miedo (25%), frustración (22%), rabia (21%), desagrado (19%), esperanza (18%), desilusión (17%), sorpresa (7%) y alegría (5%). Por último, mientras que el 45% de los encuestados afirma haber participado en las protestas de 2019, el 63% admite haber participado o estar participando en las acciones de movilización de 2021. Como se puede apreciar, los jóvenes que tienen relación con el estallido social en curso se sienten parte de un grupo de la población que está excluida, que no tiene oportunidades para trabajar o estudiar y que no encuentra en las políticas de gobierno respuestas sociales a la marginalidad, estigmatización y criminalización a la que ha sido sometida históricamente.

Con base en estas consideraciones, es posible abordar el cuarto eje de análisis. La aproximación a la radiografía de los jóvenes que constituyen este movimiento demuestra que emerge un grupo social al que se le puede llamar precariado. De acuerdo con Standing (2011), el precariado se erige como una clase social emergente que, debido a las políticas de ajuste estructural propias del neoliberalismo, vive en la inestabilidad, la frustración y el desencanto, por lo que ni siquiera llega a ser parte de la clase trabajadora o del llamado proletariado. De esta manera, es posible afirmar que los jóvenes que conforman este movimiento son parte del precariado, dado que lo único que les queda es su capacidad de resistencia ante la represión de las fuerzas del orden y la crisis de legitimidad de las instituciones que constituyen un Estado incapaz de responder las necesidades básicas de la población, tal como lo revelan los datos de la encuesta de la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos (2021).

Como repuesta a la inquietud por las acciones de los jóvenes en el marco de este estallido social, es importante reconocer que estos desarrollan dos formas de resistencia en medio de su condición de precariado. Por un lado, efectúan acciones de bio-resistencia, enmarcadas en el arte, la danza, la música, el performance, la instalación, el grafiti y otras expresiones estético-culturales. En estas acciones, el cuerpo es el texto y el territorio que hace posible resistir y re-existir desde lo simbólico al orden social, pues su despliegue en el espacio público es capaz de subvertir los códigos hegemónicos y aquellos lenguajes que, desde el establecimiento, legitiman la muerte, la criminalización y la estigmatización. No obstante, la bio-resistencia también se sitúa en los procesos asamblearios de tipo barrial y veredal, en los cuales actualmente se discute qué vida quieren vivir y qué deben hacer para conseguirlo. El cuerpo es parte de estos procesos sentipensantes, en los que se divulga información sobre lo que está ocurriendo, se reflexiona y delibera sobre las acciones a seguir y se promueven procesos educativos dirigidos a otros jóvenes e integrantes de la comunidad. Este despliegue del cuerpo individual y colectivo ha hecho posible: que muchas personas se involucren en el movimiento social; que muchos colectivos y organizaciones se reconozcan y propongan proyectos comunes; que entre muchos se comparta una comida o un refrigerio a partir de la figura de la olla comunitaria; que se resignifiquen lugares como los casos de “puerto resistencia” y “portal resistencia”; que barras futboleras, antes enemigas, hoy se unan para construir proyectos en el barrio; y que en este momento se cuente con agendas locales con miras a realizar encuentros nacionales de tipo asambleario para conformar una fuerza social, comunitaria y política que, probablemente, supera lo que actualmente discute el gobierno nacional y el comité de paro.

Por otro lado, se encuentra la tecno-resistencia. Se trata de una labor de inteligencia colectiva y conectiva que fluye rizomática a través de medios digitales, medios alternativos y redes sociales. Además de denunciar el terrorismo de Estado y las formas de distorsión de la realidad que operan desde la propaganda de gobierno y los medios de comunicación afines a este proyecto, los jóvenes tecnoactivistas llevan a cabo estrategias de contrapoder que buscan convocar a más personas, distribuir información, entablar diálogo con nuevas audiencias y efectuar acciones simbólicas que, tanto en lo virtual como en lo físico, resquebrajan las retóricas del modelo dominante. De esta manera, publican contenidos críticos frente a hechos o discursos autoritarios del gobierno, realizan memes que de manera satírica buscan ampliar la resonancia política de los públicos, construyen videos, podcast y otras piezas comunicativas para divulgar las reivindicaciones del movimiento, y trasmiten en vivo lo que está pasando en las calles. En suma, es un modelo de acción colectiva y conectiva que configura nuevas subjetividades políticas para nuevas utopías sociales. No es posible anticipar lo que continúa, pero lo que parece claro es que estamos frente a una generación que está dispuesta a entregar su vida si es necesario para conquistar asuntos fundamentales que hagan posible una vida buena y digna, en oposición al exterminio, que es de lo único que sabe este régimen.    

Por: Juan Carlos Amador, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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